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IU Andalucía asegura que Susana Díaz actúa como una empresaria que precariza a sus trabajadores

Maíllo critica que la Junta no cumple las cláusulas recogidas para proteger los derechos de los trabajadores de empresas que contratan con la administración andaluza
El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha planteado (20/12/2017) a la presidenta de la Junta de Andalucía un debate de “evaluación sobre el grado de cumplimiento de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la junta de Andalucía”.
El portavoz parlamentario de IU Andalucía ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que desmienta públicamente tanto la queja planteada por la Unión General de Trabajadores (UGT) en el debate presupuestario relativa al "incumplimiento de inclusión en los pliegos de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones de  la Junta de Andalucía" así como,  la declaración pública realizada "con complicidad de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para modificar esta norma". Para IU Andalucía la mejor forma de evaluar la inclusión de cláusulas en las contrataciones del sector público "es a través de la comisión de seguimiento" y, señala Maíllo, si hay voluntad de modificar estas cláusulas "hay que decirlo, no hacerlo por la puerta de atrás".
Durante la sesión de control parlamentario, Maíllo ha ejemplificado la práctica de la Junta de no aplicar medidas de control en ampliaciones de contratos y en la no rescisión de contratos por incumplimiento de las mismas. Es el caso, según Maíllo, del servicio de mantenimiento de ascensores de Sevilla, la compañía de transportes La Sepulvedana (se le concede la línea Jaén-Córdoba y tiene 15 sanciones en un año y, una huelga por incobro de sus trabajadores) o Endesa, empresa sancionada con 400.000 euros por cláusulas abusivas a la que, sin embargo, se le prorroga el contrato de suministro eléctrico en edificios públicos de la Junta de Andalucía, "estando ya vigente la guía”. Esto, para Maíllo, significa que “Díaz silva para otro lado y actúa más como empresaria que como presidenta".
Maíllo ha recordado que se ha cumplido un año desde la aprobación del acuerdo en Consejo de Gobierno (18 octubre 2016) en el que, entre otras cuestiones, se instaba a la Consejería de Hacienda a elaborar una "guía" cuyo objeto era establecer "cláusulas de obligado cumplimiento para todos los órganos de contratación. En el mes de diciembre del mismo año se hizo pública esta "guía”, sobre la que el propio gobierno de la Junta creó "importantes expectativas". Las cláusulas recogidas protegerían los derechos de los trabajadores de empresas que contratan con la administración andaluza, garantizando salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para conciliación.  Además, la Administración autonómica, como principal empresa de la comunidad, "utilizará su poder de contratación para construir una sociedad más decente en lo laboral, más justa en lo social y más sostenible en lo medioambiental".
Finalmente ha criticado las "chapuzas" del Gobierno andaluz en las 35 horas y el acuerdo para recuperar la jornada de 37,5 horas, que "tanta seguridad tenía en hacerlo y en acordar en el Consejo de Gobierno" de este pasado martes para "resolver la patata caliente" que había dejado el Tribunal Constitucional en su sentencia al hilo de un recurso del Ejecutivo central al decreto de la Junta que recuperaba la jornada de 35 horas para empleados públicos.
Para IU las políticas de Díaz vienen precedidas de grandes anuncios, solemnidad en sus políticas y "una práctica que deja mucho que desear cuando no se cumplen lo propios objetivos que se han recomendado".