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IU registra una ambiciosa batería de medidas en el Congreso con el objetivo de “reducir las muertes por contaminación atmosférica en toda España”

El coordinador federal, Alberto Garzón, y la diputada y portavoz parlamentaria de Medio Ambiente de IU, Eva García Sempere, firman la iniciativa que, entre otras cuestiones, plantea la novedosa creación de “un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes”, con la participación de todas las administraciones estatales, autonómicas y locales implicadas
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una ambiciosa iniciativa parlamentaria en la que plantea una batería de medidas para “reducir las muertes por contaminación atmosférica en toda España”. Entre ellas, insta al Gobierno del PP a poner en marcha a nivel estatal “planes de lucha contra la contaminación que incluyan actuaciones concretas, específicas, medibles, alcanzables, realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado global y detallado, dado que estos requisitos, en general, no se cumplen en el recientemente aprobado Plan Aire II”, todo ello en “estricta coordinación con las competencias de las comunidades autónomas y los entes locales” en esta materia.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y la diputada y portavoz de Medio Ambiente de esta formación, Eva García Sempere, firman la proposición no de ley para que se debata lo antes posible en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático de la Cámara Baja.
Los/as diputados/as de Izquierda Unida plantean también al Ejecutivo de Mariano Rajoy la novedosa creación de “un órgano para el seguimiento, implementación y evaluación de estos planes, que cuente con la participación de los departamentos implicados en la protección del ambiente atmosférico del MAPAMA y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como otros departamentos implicados, representantes de los gobiernos autonómicos y entes locales, científicos expertos y agentes sociales”.
Garzón y García Sempere dedican un apartado específico a la necesidad de que el Estado español alcance los niveles europeos en esta materia, por lo reclaman que se cumpla “la normativa europea sobre calidad del aire, garantizando el cierre de los procedimientos de infracción abiertos contra España en la actualidad por su incumplimiento”.
Además, exigen que el Gobierno español “defienda ante la Unión Europea una adaptación completa a los estándares de la Organización Mundial de la Salud en materia de calidad del aire”.
Las propuestas se completan reclamando “campañas destinadas a aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud y el medio ambiente”.
Izquierda Unida basa su iniciativa parlamentaria en datos concretos y contrastados tan graves como que “la contaminación del aire causa una décima parte del total mundial de defunciones. Afecta a la salud respiratoria, cardiovascular y provoca el incremento de casos de cáncer. Los costes económicos sanitarios derivados de ella representan al menos 50.000 millones de dólares al año, cerca del 3,5% del PIB español. Supone, además, una aceleración del cambio climático y el deterioro de todo tipo de recursos naturales, con los costes adicionales que ello conlleva”.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estamos ante el riesgo de salud ambiental más grande en Europa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima por su parte que la mala calidad del aire provoca cada año tres millones de muertes prematuras a nivel mundial y que esta contaminación está relacionada con la aparición no sólo de enfermedades respiratorias, sino también de diversos tipos de cáncer, convirtiéndose también en uno de los principales factores de riesgo de infarto cerebral.
Alberto Garzón y Eva García Sempere exponen que en España, según el informe anual de Ecologistas en Acción, “cerca de 44 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2016. Es decir, el 94% de la población y el 90% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.
Hasta 18 ciudades españolas superaron el pasado mes de noviembre de 2017 los límites de dióxido de nitrógeno o de concentración de partículas PM10 permitidos por la Unión Europea. Además, a pesar de la gravedad de este problema, España fue el país de la Unión Europea donde más subieron las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015, año en que se rompió la tendencia general decreciente del lustro anterior.